Funcionarios de la regional Caribe de Migración Colombia llevaron a cabo la expulsión de una ciudadana estadounidense del país. Esta decisión se tomó tras una serie de informes sobre su comportamiento en Cartagena, que incluyeron quejas de hoteles, múltiples comparendos y un polémico reclamo de robo, lo que generó problemas de orden público y afectó la convivencia en áreas turísticas de la ciudad.
La medida fue adoptada tras la recopilación de información de la Policía, la Secretaría de Turismo de Cartagena y numerosos prestadores de servicios turísticos, quienes denunciaron una sucesión de incidentes en los que estuvo involucrada la extranjera durante su estancia en varios lugares de la ciudad.
De acuerdo con los reportes, la mujer inició su hospedaje en el Hotel Palma Bahía, en el sector de Bocagrande, donde supuestamente se negó a pagar por servicios y alojamiento, lo que llevó a la intervención policial para su retirada. Luego, en el Hotel Pinar del Mar, dejó deudas que ascendían a alrededor de 560.000 pesos colombianos y causó daños en el establecimiento, generando más quejas ante las autoridades.
Además, solicitó hospedaje en el Hostal Marbella 47, llegando en la madrugada del día en que alegó haber sido víctima de un robo en su lugar de estancia anterior. Informó que no tenía dinero ni para pagar el taxi y presentó una supuesta denuncia de hurto ante la Fiscalía. Dado que el hostal confió en su versión, le permitieron alojarse y le ofrecieron comida y asistencia financiera para movilizarse por la ciudad.
Sin embargo, seis días tras su llegada, no había hecho ningún pago por servicios acordados que sumaban 795.000 pesos colombianos, lo que llevó al establecimiento a pedirle que desocupara la habitación y retener su equipaje como garantía.
La mujer presentó otra denuncia ante la Fiscalía, en la cual afirmó que al regresar de un desayuno encontró la puerta de su habitación supuestamente forzada y había desaparecido parte de sus pertenencias. También mencionó un incidente en la playa de Castillogrande, donde alegó que le exigieron 200 dólares por uso de servicios, resultando en un altercado durante el cual le arrebataron su teléfono celular, valorado en 500 dólares, y sufrió un hematoma en el brazo.
No obstante, la información posterior recopilada por autoridades locales y prestadores de servicios, junto con el análisis de registros audiovisuales, revelaron inconsistencias en su relato, ya que algunos hoteles reportaron que la mujer había dejado sus instalaciones con todo su equipaje. Debido a la recurrencia de incidentes, la Policía solicitó formalmente a Migración Colombia la evaluación de la permanencia de la extranjera en el país.
Tras un análisis de la información, Migración Colombia concluyó que la presencia de la ciudadana en el país constituía un riesgo para el orden público y la tranquilidad social, lo que llevó a ejecutar su expulsión conforme a la normativa migratoria vigente. La ciudadana estadounidense fue enviada en un vuelo de regreso a Miami, EE.UU.
Deirdre Rosa Castro Gutiérrez, directora regional de Migración Colombia, enfatizó: “Los ciudadanos extranjeros que visitan el país deben respetar a las autoridades y las normas de convivencia. Cualquier conducta que altere el orden público o afecte la tranquilidad de las comunidades podrá derivar en sanciones, incluida la expulsión del territorio nacional.”
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