Los procesados aceptan su responsabilidad en los cargos imputados.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar judicializó al exdirector de la oficina jurídica del Distrito de Cartagena Jorge Camilo Carrillo Padrón; a la excontratista Analicia Milena Martelo del Río; y al abogado Jorge Adib Blell Cervantes, presuntamente implicados en el delito de peculado por apropiación.
La investigación se originó a partir de una denuncia que advertía que, para julio de 2019, los procesados se habrían apropiado de 4.236’222.346 pesos del Distrito. Según el material probatorio, el dinero se encontraba constituido en títulos de depósitos judiciales dentro de un proceso que se adelantaba ante un juzgado civil del circuito de Cartagena.
Las evidencias sugieren que Carrillo Padrón, aparentemente, otorgó poderes a Martelo del Río y a Blell Cervantes para que cobraran dichos títulos y que el dinero ingresara a las arcas de la alcaldía. Sin embargo, pese a que las sumas fueron cobradas, nunca ingresaron al presupuesto distrital.
Servidores del CTI capturaron a Martelo del Río en la vía que conduce de Cartagena a Barranquilla, y a Blell Cervantes en el corregimiento de La Boquilla. Carrillo Padrón se entregó voluntariamente a la Fiscalía en Bogotá.
Los tres procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía. Por disposición judicial, Blell Cervantes fue afectado con detención domiciliaria. Los otros dos procesados deberán afrontar el proceso en libertad.
MEVA/LMFO/MAGA/AL/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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