Consejo Comunitario de Tierra Baja solicita convocatoria urgente a Asamblea Comunitaria debido al vencimiento de la licencia ambiental del Emisario Submarino.

Denuncian a la Comunidad Negra de Tierra Baja por el impacto del emisario submarino

La Comunidad Negra de Tierra Baja, que cuenta con un título colectivo vigente y que es considerado imprescriptible, inalienable e inembargable, ha expresado su preocupación por el daño histórico que ha sufrido debido a la operación del emisario submarino de Aguas de Cartagena. Esta infraestructura atraviesa su territorio ancestral, afectando gravemente sus derechos colectivos como comunidad étnica.

Por primera vez, el Consejo Comunitario de Tierra Baja está formado por un grupo de jóvenes, liderados por Ana Rosa Güizamano Canoles, representante legal del Consejo. Recientemente, han radicado derechos de petición ante entidades como Aguas de Cartagena, Cardique, y la Procuraduría, evidenciando su inquietud respecto al emisario submarino, cuya licencia ambiental está próxima a caducar.

Los miembros de la comunidad alertan sobre el peligro inminente que enfrentan, recordando la grave ruptura de la tubería terrestre del emisario que ocurrió el 20 de diciembre de 2024, la cual resultó en inundaciones de aguas residuales en sus calles y hogares, y en filtraciones en las tuberías de agua potable, afectando la calidad de vida de los residentes.

Para abordar esta situación, proponen una Asamblea Comunitaria el 16 de enero de 2026, a las 5:00 p.m., en el Salón Comunal de Tierra Baja. En esta reunión, convocan a Aguas de Cartagena, Cardique, y diversas entidades para discutir el vencimiento de la licencia ambiental y el impacto del emisario submarino. La presencia de representantes del Espacio Nacional de Consulta Previa y los concejos comunitarios de La Boquilla y Puerto Rey, también afectados, ha sido solicitada como garantía.

Se requiere de Aguas de Cartagena un informe detallado sobre la ruptura del emisario, las causas de la misma, los impactos generados y las medidas de reparación adoptadas. Además, Cardique debe aclarar el estado de la licencia ambiental y sus posibles renovaciones. Las autoridades deben informar sobre las acciones que han tomado en respuesta a la situación.

Ana Rosa Güizamano Canoles ha enfatizado que la operación del emisario submarino implica obligaciones legales claras, como la prevención de daños ambientales y la reparación de los impactos causados. Hace hincapié en que estas garantías son mandatos legales y que las afectaciones sufridas por la comunidad han vulnerado sus derechos fundamentales, impactando negativamente su calidad de vida.

A pesar de la severidad de los eventos, la comunidad denuncia la falta de un informe claro y detallado por parte de Aguas de Cartagena sobre lo ocurrido, así como la insuficiencia de las compensaciones ofrecidas, dejando a muchas familias en un estado de abandono institucional. Las autoridades y la empresa aún no han proporcionado un plan de contingencia para abordar futuras eventualidades relacionadas con el emisario.