La Cámara Colombiana de la Infraestructura Regional Norte (CCI Norte) ha expresado su preocupación por la negativa a aceptar tarifas diferenciales y la reubicación de una estación de cobro de peaje en Turbaco, lo que podría poner en riesgo el mantenimiento del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla.
La CCI Norte respalda la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de suspender el cobro del peaje de Turbaco para los vehículos de categorías I y II durante un año, mientras se buscan alternativas que permitan llegar a acuerdos definitivos y continuar con el proyecto. Sin embargo, algunos grupos se oponen a esta propuesta, lo que ha generado una controversia que amenaza el equilibrio económico del contrato de concesión y el desarrollo del corredor vial.
El cobro del peaje es fundamental para mantener las condiciones de servicio en la vía, así como para garantizar el equilibrio económico del contrato de concesión y evitar su liquidación anticipada. Según la ANI, la suspensión del cobro del peaje de Turbaco para las categorías I y II, junto con la reubicación de la estación de pago, impactaría en aproximadamente un 25% de los ingresos totales del proyecto y requeriría ampliar el plazo de ejecución y renunciar a obras por un valor de $53.474 millones.
La CCI Norte señala que la intransigencia de aquellos que se oponen al cobro del peaje en las condiciones propuestas por la ANI no puede prevalecer sobre el interés general, ya que esto pondría en riesgo el mantenimiento del corredor vial y los beneficios que traería a las comunidades de la zona.
La ANI ha mantenido 10 mesas de trabajo con el comité contrario al pago de peajes, en las cuales ha ofrecido una tarifa diferencial de $1.800 y una inversión adicional de $25.000 millones para Turbaco. A pesar de los esfuerzos, el comité continúa mostrando una postura intransigente e incapacidad para llegar a un acuerdo que beneficie al municipio que dice representar.
La CCI Norte destaca que el modelo de concesión ha sido fundamental para modernizar la infraestructura del país y que tergiversarlo sin argumentos técnicos y jurídicos es atentar contra el desarrollo económico y social de Colombia.
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