Dos mujeres, identificadas como Ramberlin Virginia Quevedo Molina y Beatriz Adriana Gil Rojas, propietarias de establecimientos públicos en el corregimiento de Ararca en la isla de Barú, fueron enviadas a prisión por un juez de la República. Fueron capturadas en un operativo realizado en el marco del plan de seguridad Titán 24, donde se descubrió que tenían a dos menores de edad, de 15 y 17 años, en sus establecimientos que funcionaban como prostíbulos.
Las mujeres, de nacionalidad venezolana, ofrecían servicios sexuales a las adolescentes y les proporcionaban alojamiento en el lugar. Tras la aprehensión, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) logró que el juez impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de proxenetismo con menor de edad y estímulo a la prostitución de menores.
Las mujeres no aceptaron los cargos, por lo que el juez ordenó su reclusión en la Cárcel de Mujeres del municipio de Turbaco. El establecimiento fue cerrado conforme a la ley y las niñas fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
El caso fue conocido gracias a la denuncia de un ciudadano, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que informen sobre situaciones similares.
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