Más de 150 afiliados de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena se encuentran preocupados por la situación de abandono en la que se encuentra su Unidad de Salud desde hace dos años. Durante una reciente visita de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, se encontró un lote de medicamentos vencidos desde 2013-2015. Sin embargo, los afiliados denuncian que lo más grave es la violación al derecho fundamental a la salud que están sufriendo, atribuyendo esta situación al exgerente de la Caja, Ismael Quintero, nombrado por el ex rector Edgar Parra Chacón y el actual rector William Malkun, quien ordenó el cierre de la Caja hace dos años.
Según el informe de la Supersalud, se detectó que los servicios de Promoción y Prevención no se están atendiendo, no se han realizado citologías ni mamografías en todo el año 2024, tampoco se presta servicio de vacunación ni de imágenes diagnósticas. Además, no hay servicio de referencia y contrarreferencia, ni contratos suscritos para la prestación de servicio de salud Red, y la vigilancia epidemiológica reporta cero casos.
William Pérez Cantillo, presidente de ASPU-Universidad de Cartagena, mencionó que la falta de atención médica se debe a presunta corrupción en el manejo de fondos de la Estampilla, así como contratos pagados que no se han realizado. A pesar de un fallo del Consejo de Estado en febrero que ordenó implementar un Plan de Mejoramiento, el rector Malkun no ha convocado a una reunión de Junta Directiva para reabrir la prestación de servicios de salud.
El Tribunal Administrativo de Bolívar dictaminó que la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social debe programar una sesión para aprobar un plan de mejoramiento y Santander Bolaño Castro, presidente de la Asociación de Pensionados de la Universidad de Cartagena, debe garantizar la participación en dicha sesión.
En cuanto al manejo financiero, un informe de la Contraloría Departamental de Bolívar reveló que el déficit de la Caja aumentó de $4.954 millones en 2012 a $19.223.000.000 en 2019 bajo la gestión del exgerente Quintó. A pesar de las denuncias, ninguna autoridad ha tomado medidas para resolver la situación, dejando a los afiliados sin atención médica y a los responsables en libertad.
En Colombia, la falta de prestación de servicios médicos a los trabajadores por parte de un patrono puede constituir delitos como incumplimiento de obligaciones laborales, violación de derechos laborales, infracción a la seguridad social, delitos contra la salud pública y omisión de atención médica. Es importante consultar con expertos en derecho laboral para obtener asesoramiento específico sobre posibles sanciones.
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