La Procuraduría ha solicitado acciones concretas debido a los retrasos en el cumplimiento de las órdenes judiciales y administrativas emitidas por diferentes autoridades. Estas órdenes tienen como objetivo consolidar la transformación estructural del Mercado de Bazurto.

El traslado de dicho mercado forma parte de un fallo de Acción Popular dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en 2010, el cual fue confirmado por el Consejo de Estado. Desde 2015, se han registrado múltiples incumplimientos por parte de las autoridades locales en Cartagena.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena ha instado a la administración distrital a que, de manera inmediata, remita una lista de instituciones, gremios y personas involucradas en el proceso, incluidos vendedores, comerciantes, trabajadores y comunidades cercanas. El fin de esta solicitud es asegurar que la reubicación se realice de manera armoniosa y consensuada.

El órgano disciplinario resalta que uno de los propósitos es apoyar los consensos que surjan durante este proceso, así como ofrecer seguridad jurídica y social a las decisiones que se tomen en beneficio de la ciudad y sus comunidades.

Además, se destaca que el traslado y reubicación del mercado son estratégicos para Cartagena, ya que la ciudad requiere un centro de abastos moderno y conectado con los corredores logísticos. Esto garantizaría la seguridad alimentaria y facilitaría la renovación urbana del área.