La Gobernación, a través del Grupo Operativo Anticontrabando de la Dirección de Ingresos, en colaboración con la Policía de Cartagena, realizó operativos que resultaron en el cierre de una distribuidora ilegal de licor artesanal en el barrio Getsemaní.
La intervención se llevó a cabo durante una jornada de inspección, vigilancia y sensibilización enfocada en el control de licores y cigarrillos en la ciudad, y forma parte del Plan Caribe Anticontrabando 2025 que está implementando la administración de Bolívar.
Durante el operativo, se identificó un establecimiento que, bajo la apariencia de una tienda de comestibles, ocultaba y distribuía licor artesanal en condiciones irregulares. Según las autoridades, “el producto era envasado en botellas plásticas reutilizadas, almacenado sin medidas sanitarias, comercializado sin registro sanitario ni facturación, y evadía los impuestos departamentales correspondientes”.
En la inspección, se incautaron más de 30 botellas con licor artesanal, embudos y numerosos envases vacíos listos para ser reutilizados en esta actividad ilegal. Ante estos hechos, la Dirección de Ingresos procedió al sellamiento inmediato del establecimiento, de acuerdo con la normativa vigente.
El gobernador Yamil Arana Padauí afirmó: “Por acciones como estas, actuamos con firmeza contra el contrabando, porque está en juego la salud de nuestra gente, la legalidad del comercio y los recursos que sostienen programas sociales en todo el departamento. Este cierre es una señal de que no permitiremos que negocios ilegales sigan operando impunemente”.
Gerardo Rodríguez, director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, destacó que estas prácticas no solo constituyen una infracción fiscal y comercial, sino que también representan un riesgo para la salud pública. “Estamos hablando de bebidas sin ningún tipo de control sanitario, elaboradas sin garantías para el consumidor y vendidas de manera clandestina. Esto pone en peligro la salud de los ciudadanos y afecta directamente los recursos del departamento”, señaló el funcionario.
Rodríguez recordó que las personas involucradas en la comercialización de licores ilegales pueden enfrentarse a sanciones como la aprehensión de la mercancía, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, multas económicas, pérdida de la licencia de funcionamiento y, en casos graves, a procesos penales que podrían culminar en privación de la libertad.
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