A través del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Caribe, se llevaron a cabo medidas de expulsión contra dos ciudadanos extranjeros cuyas acciones presuntamente ponían en riesgo la seguridad pública y el orden social en Cartagena.

En el primer caso, un ciudadano de origen venezolano había sido procesado y condenado por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa por un juzgado penal de la ciudad. Las investigaciones indican que el individuo presuntamente intimidaba y extorsionaba a una persona en Cartagena, exigiéndole la suma de diez millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

En un segundo procedimiento, se procedió a la expulsión de otro ciudadano venezolano, quien presuntamente estuvo involucrado en una agresión física contra un servidor público de la Alcaldía de Cartagena. Este incidente afectó la tranquilidad del Centro Histórico y fue considerado como un comportamiento que compromete la seguridad pública y altera la convivencia en la ciudad.

Las expulsiones se llevaron a cabo en la frontera terrestre de Paraguachón, donde se entregó a los expulsados a las autoridades venezolanas competentes.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, subrayó que estas acciones son parte de una estrategia decidida para la protección del orden interno y reafirmó que “Migración Colombia actúa de manera firme ante cualquier conducta que amenace la seguridad nacional, garantizando espacios seguros para los ciudadanos y haciendo cumplir la ley sin excepciones”.