Tribunal Administrativo Revoca Caducidad en Caso de Desplazamiento en Bajo Grande

El 22 de octubre de 1999, en Bajo Grande, San Jacinto, Bolívar, se registró una masacre presuntamente perpetrada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con posible colaboración de la Fuerza Pública, que resultó en el asesinato de cuatro personas y el desplazamiento de la comunidad por amenazas.

El 15 de noviembre de 2017, Dina Luz Vásquez Mantel, junto a familiares y otros miembros de la comunidad, presentó una demanda de reparación directa contra varias instituciones del Estado. Sin embargo, el 24 de marzo de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena declaró la caducidad de la acción, alegando que se presentó fuera del plazo de dos años establecido en el Código de Procedimiento Administrativo.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de Bolívar, bajo la ponencia del Magistrado Jean Paul Vásquez Gómez, revocó esta decisión. El tribunal argumentó que ante violaciones graves de derechos humanos no se puede aplicar rigurosamente la caducidad sin considerar las circunstancias particulares del caso. Se destacó la importancia de priorizar el derecho a la verdad y de adoptar un enfoque flexible.

El tribunal también instó a las Altas Cortes a establecer un diálogo para mejorar la aplicación de la caducidad en casos de desplazamiento forzado. Además, este fallo sienta un precedente importante para el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia en Colombia.

La comunidad celebra esta decisión y aclara que confundieron a los miembros de las AUC con la Armada Nacional, quienes parecían ofrecer protección. Aseguran que solo conocieron la participación estatal en estos hechos en 2016, durante las fiestas patronales, cuando identificaron a un victimario con uniforme de la Armada.

El tribunal ha ordenado la reanudación del proceso en Cartagena y ha convocado a las partes para discutir el caso, garantizando un procedimiento justo. Además, invita a diversas entidades judiciales a colaborar en la creación de un proyecto de ley que regule estos temas.

Este fallo se presenta como un paso hacia la justicia plena para quienes han sufrido las secuelas del conflicto armado en Colombia.