La Procuraduría supervisa el cumplimiento de la sentencia que protege a los caballos cocheros en Cartagena.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades competentes un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas en la sentencia que busca proteger los derechos de los caballos utilizados en actividades de tracción en Cartagena. La acción constitucional argumentó la omisión de las autoridades en la adopción de medidas para controlar el uso de equinos en vehículos turísticos y el maltrato al que son sometidos. La orden incluye que la UMATA realice exámenes médicos a los caballos, la Policía establezca un programa de vigilancia contra el maltrato animal y la Secretaría Distrital de Ambiente monitoree las condiciones de los caballos. Se debe habilitar una línea telefónica para reportar casos de maltrato animal. El Ministerio Público requirió información de varias entidades, incluyendo el MADS, la Alcaldía de Cartagena, el DATT, el DADIS, la UMATA y la Policía Metropolitana de Cartagena.