Leonardo Arnedo Mendoza Inicia Campaña por la Cámara de Representantes en Cartagena
Acompañado por el exsenador Rufino Córdoba y Rafael Castro Otero, líder social y veedor ciudadano de la zona insular de Cartagena, Leonardo Arnedo Mendoza ha lanzado un llamado a la dirigencia cívica y social para unirse a su proyecto político, que busca representar a aproximadamente 800 mil afrodescendientes de Cartagena.
Arnedo Mendoza, hijo de padre cartagenero y madre chocoana, tiene antecedentes como estudiante en Comfenalco y ha residido en el barrio Daniel Lemaitre. Su candidatura se encamina hacia la Cámara de Representantes por la circunscripción nacional de las negritudes, una representación especial en el Congreso de Colombia destinada a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
A seis meses de las elecciones del Congreso, programadas para el 8 de marzo de 2026, ha comenzado su gira por la región Caribe, buscando el apoyo necesario para fortalecer su campaña. “Es un desafío y una necesidad del pueblo negro, raizal y palenquero contar con líderes que representen dignamente sus intereses en el país”, afirmó.
Actualmente, existen 296 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras habilitados para elección, y Arnedo Mendoza espera formar alianzas en el Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, con la aspiración de inscribirse en un Consejo Comunitario avalado por el Ministerio del Interior.
Abogado de profesión con más de 15 años de experiencia, Arnedo Mendoza es especialista en Derecho Público y Administrativo, y cuenta con un máster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Ha desempeñado cargos relevantes como secretario de Minas y director Jurídico de la gobernación de Antioquia.
Arnedo Mendoza dirigió un mensaje a la comunidad afrocolombiana: “Ser negro no es solo un color de piel, es una condición de vida. Los pueblos negros del país enfrentan altos niveles de pobreza y falta de oportunidades. Es el momento de unirnos para recuperar nuestra representación, ya que contamos con un plan claro para lograr inversiones reales en nuestros territorios, como lo estipula la Ley 70, que exige un enfoque diferencial y territorial para mejorar las condiciones de nuestras comunidades”.
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