La competencia por la Contraloría departamental de Bolívar para el periodo 2026-2029 ha entrado a su fase decisiva, con una terna definida que incluye a Camilo Andrés Támara García, Tatiana Margarita Romero Luna y Martha Elena Reyes Llerena.

Según el consolidado publicado por la Asamblea de Bolívar, que asigna un 60% al examen de conocimientos y un 40% a la evaluación de antecedentes, Támara se sitúa en el primer puesto con 73,2 puntos, seguido por Romero con 67,65 puntos y Reyes con 67,5 puntos. Con estos resultados, el proceso avanza a etapas de reclamaciones, entrevistas públicas y, finalmente, a la votación en plenaria.

El desempeño destaca más que un simple buen examen. Camilo Támara, actualmente contralor departamental en Córdoba, ha presentado su candidatura en cuatro concursos este año: Contralor de Sincelejo, Contralor de Sucre, Contralor de Cartagena y Contralor de Bolívar. Estas postulaciones son legales según la normativa vigente, y sugieren una estrategia multiterritorial para mantener una posición en la fiscalización del Caribe. Aunque no fue el mejor en conocimientos absolutos en Bolívar, su combinación de pruebas y experiencia lo ha llevado a liderar el total ponderado.

Las fuentes políticas consultadas indican que el Partido Liberal, encabezado por el senador Lidio García, está influyendo en este proceso. Un episodio previo relevante es la disminución del apoyo a Waldy Elías Seluan Martelo, funcionario de la Alcaldía de Cartagena, debido a dudas sobre su posible inhabilidad. Esta situación parece haber facilitado el respaldo a Támara como una alternativa competitiva, a pesar de su origen en Sucre, con la finalidad de mantener influencia en un órgano clave antes de las elecciones de 2026. Estos movimientos políticos son plausibles en el contexto local, aunque su magnitud exacta solo se podrá evaluar con documentos y votos.

Además del juego político, la legitimidad del proceso dependerá de tres controles públicos inminentes: que el consolidado final refleje la ponderación 60/40 y justifique cualquier variación por reclamaciones; que las entrevistas sean efectivamente públicas y útiles para evaluar la independencia, la visión de control preventivo y la capacidad de gestión; y que la plenaria base su voto en méritos verificables y no en cuotas políticas. El reglamento otorga la facultad de elegir a cualquiera de los integrantes de la terna, pero la rendición de cuentas exige una decisión justificable.

Para el departamento, el resultado tendrá un impacto tangible. Se anticipa que la persona electa presente resultados medibles en su primer año: modernizar la analítica para auditorías, establecer tableros de riesgo en contratación y obras, publicar datos abiertos sobre hallazgos y planes de mejora, y garantizar la independencia de los equipos mediante concursos de mérito.

El desenlace de este proceso no solo determinará quién ocupará el despacho, sino que también revelará si en Bolívar prevalece la métrica de un concurso académico o las alianzas políticas que, desde el liberalismo regional, buscan mantener influencia antes de 2026.

La ciudadanía cuenta con datos y reglas para evaluar este proceso, y ahora espera actas, entrevistas y votos que alineen la política con la información disponible.