Un juez de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento en un centro carcelario para Cesar Augusto Espitia García, basado en los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), debido a su presunta implicación en un caso de extorsión.
El acusado fue detenido por el Gaula de la Policía Nacional, luego de que se le implicara en un esquema de extorsión que inició en diciembre de 2024. En este caso, un comerciante del barrio San Pedro de Cartagena (Bolívar) recibió amenazas económicas cercanas a los 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra él y su familia. Supuestamente, las extorsiones se efectuaban mediante mensajes de texto que incluían fotografías del negocio, la residencia y familiares de la víctima, amenazando con declararlos objetivos militares si no cumplía con las demandas.
Espitia García fue capturado durante una operación del Gaula, en la que se había planeado una entrega controlada de un pago anticipado de 2 millones de pesos. Durante las audiencias, el acusado no admitió responsabilidad alguna en el delito imputado por la Fiscalía.
Es importante recordar que la situación jurídica del imputado está pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, respetando siempre el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución Política y en la Ley 906 de 2004.
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