La Procuraduría General ha solicitado a la Alcaldía de Cartagena un informe sobre las medidas implementadas para regular la circulación de vehículos de servicio público que se encuentran en mal estado o que no cuentan con la habilitación necesaria.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena hizo esta petición debido a las deficiencias observadas en la prestación del servicio, las cuales incluyen sobrecupo, conducción peligrosa, vehículos con deterioro estructural y mecánico (como óxido o puertas dañadas), así como el acceso limitado o inexistente para personas con discapacidad y las emisiones contaminantes generadas.
Este requerimiento forma parte de las acciones preventivas destinadas a proteger los derechos colectivos de la ciudadanía. Es fundamental que el servicio de transporte y movilidad garantice la seguridad de los usuarios y se brinde con calidad, idoneidad y protección frente a prácticas abusivas.
Además, el Ministerio Público ha solicitado una base de datos actualizada sobre los vehículos vinculados al servicio público colectivo urbano y ha instado a implementar acciones integrales y sostenidas a lo largo del tiempo, que aseguren la atención en los puntos críticos de la ciudad donde se presenta la mayor afectación al servicio.
La Procuraduría subrayó que quienes operan vehículos de transporte sin la debida habilitación o que incumplen con las normativas de tránsito pueden argumentar su derecho al trabajo, sin embargo, la Constitución establece que los derechos individuales no deben prevalecer sobre el interés general, especialmente cuando esto pone en riesgo la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad de la ciudadanía.
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