En nuestra sociedad, se establece que todos los actos administrativos deben regirse por el principio de legalidad, el cual garantiza que las acciones de los funcionarios se ajusten a la normativa vigente. Esto permite que las libertades jurídicas estén enmarcadas dentro de la ley y que los ciudadanos puedan solicitar información sobre el gasto público de manera respetuosa.

Además, en Colombia, los ciudadanos tienen la facultad de formar veedurías ciudadanas para vigilar el cumplimiento de la legalidad en las acciones administrativas. Estas veedurías también deben regirse por principios jurídicos para garantizar su transparencia y responsabilidad.

Es importante destacar que vivimos en una Ciudad de Derechos, donde se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos y actuar siempre bajo el principio de legalidad. Los veedores ciudadanos cumplen un papel fundamental en alertar sobre posibles violaciones a la normativa vigente y en mantener informados a los gobernantes sobre aspectos de la administración que podrían pasar desapercibidos.

En conclusión, es necesario recordar que, si bien todos tenemos derechos, también tenemos deberes, y es fundamental actuar con responsabilidad y respeto a la ley en todo momento para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad.

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