En el marco de una diligencia de registro y allanamiento, fueron confiscadas más de 100 tarjetas pertenecientes a diferentes entidades bancarias. La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a Marlon Mauricio Guerra Paternina, quien está bajo investigación como presunto involucrado en una serie de hurtos en cajeros automáticos en las regiones de Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre. Un fiscal de la Seccional Bolívar lo ha imputado por los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos, aunque estos cargos no han sido aceptados por el investigado.
Según la Fiscalía, los fraudes presuntamente se llevaban a cabo mediante la modalidad del ‘cambiazo’. Se considera que Guerra Paternina alteraba los cajeros automáticos para provocar errores durante las transacciones de los clientes, ofreciéndose luego a ayudarlos y aprovechando la ocasión para intercambiar las tarjetas, lo que posteriormente llevaría a los robos.
Una de las supuestas víctimas es un hombre de 62 años, quien el 25 de mayo fue víctima en un cajero automático del barrio El Bosque en Cartagena. Tras experimentar problemas con una transacción, el hombre solicitó ayuda de Guerra Paternina, y posteriormente descubrió que se realizaron retiros y compras por un valor total de 17 millones de pesos con su tarjeta. Asimismo, el 11 de octubre, una persona de la tercera edad enfrentó una situación similar en un centro comercial de Cartagena, resultando en la extracción ilícita de cuatro millones de pesos de sus cuentas.
El investigado fue detenido durante un operativo de registro y allanamiento llevado a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una residencia del barrio Ciudad Salitre en Sincelejo, Sucre. Durante el operativo, se incautaron un total de 106 tarjetas, tanto de débito como de crédito. Un juez de control de garantías ha decidido imponerle una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Cabe señalar que la información aquí presentada se basa en relatos de hechos objetivos proporcionados por los funcionarios encargados de las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. En este momento, la situación jurídica del implicado está pendiente de resolución por la autoridad judicial competente, amparado bajo el principio de presunción de inocencia, según el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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