La Secretaría del Interior, en colaboración con la Policía, Distriseguridad, EPA Cartagena y diversas entidades distritales, ha puesto en marcha un operativo de seguridad y control con el fin de asegurar que el Gran Desfile de Bando de Independencia, programado para el 13 de noviembre, se celebre en un ambiente de alegría, cultura, responsabilidad y sana convivencia.

Un total de 584 uniformados y funcionarios de distintas dependencias estarán desplegados en los principales puntos de concentración, con el objetivo de mantener el orden público, prevenir incidentes y garantizar un disfrute responsable para todos, tanto para los locales como para los visitantes.

Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, destacó: “Queremos que quienes asistan a nuestros festejos disfruten con seguridad, respeto y convivencia. Este es un esfuerzo conjunto entre todas las instituciones, que pone la tecnología, capacidad humana y operativa al servicio de una fiesta que queremos sea tranquila y segura para todos”.

El operativo establecido contempla cinco tramos estratégicos de control en la Avenida Santander, que estarán ubicados en:

– Hotel Corales de Indias
– Hotel Torres de San Sebastián
– Parque Apolo
– Monumento Alcatraces
– Parque de la Marina

Estos puntos serán escenario de procedimientos de control de personas, patrullajes preventivos, acciones de reacción, así como la presencia del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, reforzando así la vigilancia durante la jornada festiva.

Además, Hernández informó que desde Distriseguridad se habilitará la Sala de Tecnología e Información, que contará con 273 cámaras de videovigilancia monitoreadas las 24 horas. “A este sistema se suman 600 cámaras comunitarias conectadas al centro de monitoreo de la Policía Metropolitana, lo que permite ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad de respuesta institucional”, añadió el funcionario distrital.

El secretario del Interior también recordó a la ciudadanía sobre una serie de prohibiciones establecidas en el decreto 2109 de octubre de 2025, advirtiendo que su incumplimiento podría resultar en sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, incluyendo multas y, en el caso de los menores de edad, el traslado a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Instituto de Bienestar Familiar.