La Regional Bolívar de la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una inspección en el Centro de Detención Transitoria (CDT) Bellavista en Cartagena, donde se identificó el incumplimiento de los estándares constitucionales mínimos para las personas privadas de la libertad.

Durante la inspección, se observó que el CDT tiene una capacidad real para 370 internos, pero actualmente alberga a 550, lo que representa un hacinamiento del 48.65%. La Defensoría señaló que esta situación agrava las condiciones de reclusión y afecta gravemente la dignidad humana y el ejercicio de derechos fundamentales.

Además, la entidad expresó su preocupación por la vulneración del derecho a la alimentación, el cual no está siendo garantizado ni por la Alcaldía de Cartagena ni por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Resulta alarmante que son los familiares de los detenidos quienes se encargan de proporcionarles alimentos, lo que infringe las obligaciones legales y constitucionales de las entidades responsables y expone a los internos a condiciones inaceptables.

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas y efectivas que permitan reducir el hacinamiento, garantizar la alimentación y asegurar condiciones dignas de reclusión.

La entidad anunció que continuará monitoreando la situación y mantendrá su labor de vigilancia y defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.