La Fiscalía ha llevado a cabo un proceso de judicialización contra la actriz y ex-reina de belleza, Yeimi Paola Vargas Gómez, por su supuesta implicación en la presentación de documentación falsa para la firma de un contrato en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La investigación sugiere que Vargas Gómez habría subido a la plataforma Secop II un documento que la certificaba como técnica laboral en actuación y teatro, el cual fue emitido por una institución educativa en Bucaramanga, Santander. Gracias a este documento, habría cumplido con los criterios establecidos por el IPCC para obtener una posición más favorable en la tabla de honorarios, convirtiéndose en contratista con formación técnica.

El contrato bajo escrutinio fue firmado en marzo de 2025, por un plazo de nueve meses y un monto total de 55 millones de pesos. Sin embargo, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año. Esta situación habría permitido a Vargas Gómez apropiarse de 8.647.500 pesos, basándose en el nivel de titulación que se considera falso.

Como resultado de estos acontecimientos, una fiscal de la Seccional Bolívar imputó a Vargas Gómez por los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente, cargos que ella rechazó.