El comunicador social y abogado Carlos Figueroa Díaz denuncia la falta de celeridad procesal en los casos en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional. Se señala que el aparato judicial parece no tener en cuenta este mandato constitucional, lo cual se evidencia en la congestión de los despachos judiciales y en la actitud inoperante de varios funcionarios judiciales.

Se menciona que los plazos perentorios establecidos por la ley no se cumplen correctamente, con casos en los que los infantes deben esperar meses para que se resuelvan cuestiones como la fijación de cuotas alimentarias o la identificación de padres irresponsables en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Además, se destaca la lentitud en los procesos de investigación de paternidad, la falta de atención a denuncias de inasistencia alimentaria y la baja condena a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Se menciona que en Colombia hay una alarmante cantidad de casos de explotación y abuso sexual de menores, facilitados por la tecnología.

Se critica el mal manejo de recursos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señalando que se realizan contratos con documentación falsa para desviar recursos en favor de políticos. Se destaca la falta de respuesta efectiva de organismos como la Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los niños.

Se hace un llamado a que se priorice la protección de los niños y se evite su revictimización en un país donde son constantemente vulnerados.