El juzgado 102 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ha decidido judicializar a siete ex miembros y miembros del Consejo de Comunidades Negras de la vereda de Manzanillo del Mar. Las medidas de aseguramiento dictadas incluyen detención intramural, prisión domiciliaria y comparecencia sin privación de libertad, para que respondan por los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, según la Fiscalía General de la Nación.
Los acusados bajo medida de aseguramiento intramural, Jorge Jiménez Arteaga, Juan Gabriel Batista Guzmán, Juan David Cantillo Meza y Elías Orozco Salcedo, serán trasladados a la cárcel San Sebastián de Ternera. Por su parte, Daniela y Claudia Luna Batista, así como Miguel Luna Blanquicett, estarán bajo prisión domiciliaria. Yamil Batista Gómez, deberá comparecer al proceso cuando sea requerido, sin medida privativa de la libertad.
La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por los administradores de la cadena hotelera Estelar y otros establecimientos, quienes afirmaron haber sido extorsionados por los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Manzanillo del Mar. Los comerciantes aportaron pruebas como grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos que respaldan sus acusaciones.
Según información extraoficial, se habría llegado a un acuerdo de compensación en el que se acordó el pago de dinero. Sin embargo, cuando los nativos de Manzanillo del Mar se presentaron para cobrar, fueron grabados en conversaciones que los llevaron a ser acusados de extorsión.
El Gaula de la Policía, con el apoyo de la Fiscalía, inició la investigación que culminó con las capturas, legalización de las mismas y la posterior judicialización de los implicados. La Fiscalía estaría apelando la determinación del juez, mostrando su oposición a las medidas de aseguramiento domiciliarias otorgadas. Además, la Fiscalía continúa con la investigación y no se descarta la posible implicación de otras personas en el caso.
La situación ha generado controversia en la comunidad de Manzanillo del Mar, quienes desde hace más de 11 años prestan servicios turísticos en las playas, incluyendo carpas, masajes, venta de artesanías y servicio de restaurante. El permiso otorgado por la Secretaría de Planeación Distrital a la cadena hotelera Estelar para el uso de las playas ha sido objeto de rechazo por parte del Consejo Comunitario, argumentando que se trata de una privatización
y que la Secretaría de Planeación se habría saltado la autoridad marítima, DIMAR. La comunidad considera que esta acción les impide explotar las playas en su propio territorio.
La situación ha generado tensiones entre los miembros del Consejo Comunitario y los comerciantes de la zona. Los enfrentamientos se intensificaron cuando se hizo público el presunto acuerdo de compensación y las denuncias de extorsión.
El caso ha puesto en el centro de atención a Manzanillo del Mar y ha generado preocupación en el sector turístico de Cartagena. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia.
Se espera que en los próximos días se realicen nuevas audiencias judiciales para avanzar en el proceso legal. Mientras tanto, la comunidad de Manzanillo del Mar y los administradores de la cadena hotelera Estelar esperan que se resuelva esta situación y se restablezca la armonía en la zona.
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