En Colombia, los rellenos sanitarios, que fueron diseñados para ser espacios técnicamente seleccionados para la disposición final segura y controlada de residuos sólidos, se enfrentan a una grave crisis. Actualmente, el 34% de estos sistemas no cuentan con autorización debido a su falta de cumplimiento de los estándares ambientales, lo que los convierte en fuentes de contaminación del suelo, el agua y emisiones de metano, un gas de efecto invernadero.
Los departamentos de Bolívar, Chocó, Magdalena y Nariño son los más afectados por la proliferación de botaderos ilegales. Estas zonas están experimentando una creciente contaminación ambiental, lo que agrava la situación de comunidades vulnerables y marginalizadas. Un ejemplo desgarrador es el botadero del Marmolejo en Quibdó, donde decenas de niños y niñas indígenas se ven obligados a buscar materiales aprovechables en medio de la basura y la descomposición.
La búsqueda de alternativas a estos botaderos ilegales y su reemplazo por rellenos autorizados con planes de gestión ambiental adecuados se enfrenta a grandes desafíos. Las comunidades y las autoridades ambientales se oponen a tener sitios de disposición de basura en sus territorios, y los alcaldes evitan asumir el costo político de tomar decisiones al respecto. Incluso en ciudades como Bucaramanga, Quibdó y Santa Marta, donde se han emitido órdenes judiciales, aún no se ha encontrado un lugar adecuado para trasladar los sitios de disposición de residuos.
La situación de los rellenos sanitarios autorizados también es crítica, y su futuro es incierto debido a los problemas mencionados anteriormente. Apenas el 40% de los rellenos sanitarios en el país tiene más de 9 años de vida útil. El 30% ya ha cumplido su ciclo o le queda menos de 3 años, mientras que el 20% tiene menos de 6 años de funcionamiento. Esto significa que para 2029, la mitad de los rellenos sanitarios en Colombia habrán expirado.
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