Una fiscal delegada ante el Gaula en la Seccional Bolívar ha llevado a cabo el proceso judicial contra cinco supuestos miembros del grupo delincuencial Orión, presuntos responsables del delito de extorsión agravada.
Los involucrados son Jair Antonio Cárdenas Martínez, Nayely Patricia Loango Córdoba, conocida como alias Naye, Luis Hernando Cifuentes González, Estefany Esther Ramírez Segura, apodada alias Estefy, y Jonathan Javier Anacona Bolaños, siendo este último el único que admitió haber cometido el delito imputado.
Conforme a la investigación, los acusados presuntamente extorsionaban a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y residentes en municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, Zambrano y El Guamo (Bolívar).
La Fiscalía señaló que se realizaban llamadas desde una cárcel en el centro del país, en las que se amenazaba a las víctimas con asesinarlos si no realizaban los pagos requeridos.
Además, se reporta que se organizaban falsos servicios en áreas rurales donde, al llegar al lugar convenido, se exigía a la persona el pago de sumas de dinero para que pudiera salir del área. Si la víctima no disponía del dinero, los familiares eran contactados para realizar los depósitos a cambio de su liberación.
Las ganancias de estas actividades ilegales alcanzaban aproximadamente los 200 millones de pesos mensuales.
Los investigados fueron detenidos el pasado 1 de noviembre por el Gaula de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Puerto Boyacá (Boyacá).
Alias Estefy cumplirá la medida de aseguramiento en un centro carcelario en Valledupar, mientras que los demás lo harán en arresto domiciliario en Barranquilla, Puerto Boyacá, Cali y Valledupar.
El contenido de este comunicado corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos proporcionados por los funcionarios encargados de las investigaciones penales en la Fiscalía General de la Nación. La situación jurídica de los individuos mencionados está pendiente de resolución por la autoridad judicial competente, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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