¿Qué esconde la alcaldesa Yucelis Patricia Garrido Ochoa de la Localidad Tres Industrial y de la Bahía de Cartagena? La funcionaria ha desobedecido la entrega de información en relación con el contrato SAMC-LOC3-005-2024, firmado con la empresa SOCING SAS por un monto de $1.400 millones. Este contrato tiene como objeto el mejoramiento de viviendas con saneamiento básico para familias en situación de pobreza en el corregimiento de Pasacaballos y la vereda Bajo del Tigre. Hasta la fecha, las obras no han sido entregadas oficialmente y se desconoce el total de mejoramientos realizados.

Cartagena-Colombia-Noticias625. 01-10-2025. La Juez Décimo Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, Lilia María Jiménez Rodríguez, impuso una sanción de arresto de 5 días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la alcaldesa Yucelis Patricia Garrido Ochoa, tras ser considerada responsable de violar el derecho fundamental de petición.

La secuencia de eventos que llevó a esta decisión es la siguiente:

El 25 de julio de 2025, Carlos Manuel Cruzante, ciudadano de la localidad, presentó un Derecho de Petición a la Alcaldía Local Tres solicitando información sobre el contrato mencionado. La respuesta de la alcaldía fue incompleta, ya que se argumentó que los documentos podían encontrarse en la plataforma SECOP II, sin proporcionar copias físicas.

Cruzante, al no recibir información detallada, se interesó particularmente por aspectos financieros del contrato que había aumentado de $900 millones a $1.400 millones, enfatizando que el objetivo del contrato era mejorar las condiciones habitacionales de las familias más vulnerables de la zona.

Este mismo grupo comunitario, en Pasacaballos y Bajo del Tigre, ha denunciado la mala calidad de los materiales usados en el mejoramiento de viviendas, especialmente en la construcción de baños. Según informes, estas obras eran de escaso valor, a un costo unitario de $21 millones, con materiales de construcción y acabados deficientes. Además, se ha señalado que muchos de los baños fueron construidos para hogares sin acceso a agua potable, lo que limitaba su funcionalidad.

Asimismo, se han hecho acusaciones sobre el uso de mano de obra infantil en las obras, donde se afirma que se utilizaron menores para reducir costos en seguridad social. Uno de estos menores habría sufrido lesiones oculares tras un accidente con el material utilizado.

El 29 de agosto de 2025, la Juez Jiménez Rodríguez falló a favor de Cruzante, estableciendo un plazo de 48 horas para que la alcaldía respondiera adecuadamente a su solicitud. Sin embargo, al no cumplir con este fallo, se instauró un procedimiento de desacato el 15 de septiembre de 2025.

Finalmente, el 25 de septiembre de 2025, la juez determinó que Garrido Ochoa había incurrido en desacato del fallo, resaltando que no se había presentado respuesta suficiente y documentada a la petición original. La sanción impuesta incluye arresto y multa, además de la remisión del caso a instancias superiores para su revisión.

La situación se desarrolla en un contexto donde la transparencia en la gestión pública es crucial y las denuncias de la comunidad evidencian una posible falta de cumplimiento en la calidad de las obras públicas.