La Procuraduría, a través de la Provincial de Instrucción del Carmen de Bolívar, ha decidido suspender provisionalmente a Álvaro Virgilio García Bolaños, quien se desempeña como concejal y presidente de la mesa directiva de la corporación en San Jacinto, Bolívar, por un periodo de hasta tres meses.

Esta medida se basa en el artículo 217 del Código General Disciplinario (Ley 1952/2019), que otorga al Ministerio Público la facultad de separar temporalmente a los servidores públicos si existen indicios de que su permanencia podría interferir en el desarrollo de un proceso o facilitar la repetición de la conducta objeto de la investigación.

Durante el proceso disciplinario, se han encontrado presuntas irregularidades en el ejercicio de las funciones de García Bolaños, que incluyen:

1. La repetida omisión en la conformación de las comisiones permanentes del Concejo, lo cual es obligatorio según la Constitución, la Ley 136 de 1994 y el reglamento interno.

2. El retraso y la obstrucción en el trámite de proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal, llevando a su archivo por vencimiento de términos.

3. La no aprobación de proyectos de acuerdo que ofrecían beneficios sociales y económicos durante un periodo de seis meses, afectando así a la comunidad.

4. La posible repetición de estas conductas, dado el cargo de dirección que ocupa dentro de la corporación edilicia.

La Procuraduría destaca que estas acciones no solo comprometen la transparencia institucional, sino que también obstaculizan el avance del municipio de San Jacinto, Bolívar, al frenar iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover el progreso de la localidad.

Se aclara que la suspensión provisional es de carácter preventivo y no sancionatorio, con el fin de asegurar transparencia durante el proceso disciplinario, proteger el interés público y garantizar que las decisiones que afectan a la comunidad se tomen de manera oportuna y sin intervenciones indebidas.

La notificación de esta decisión ha sido realizada tanto al investigado como al Concejo Municipal y se ha remitido a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular para el respectivo grado de consulta.