La Comisión Nacional del Servicio Civil se niega a cumplir el Decreto de Emergencia Económica del presidente Abelardo De La Espriella que autorizó aplazar o suspender concursos en proceso. La Central de Trabajadores Afrocolombianos pide que se cumpla el Decreto presidencial que permite aplazar el concurso. El jurista Alcides Arrieta, asesor jurídico de la Central de Trabajadores Colombianos, advierte sobre graves consecuencias jurídicas si la CNSC no cumple con el Decreto, ya que las actividades en la Emergencia Económica podrían quedar sin efecto.

Tras un comunicado de la CNSC en el que informa que el Concurso de Méritos para la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas no será suspendido y las pruebas escritas se realizarán como estaba programado para el domingo 13 de septiembre, la Central de Trabajadores Afrocolombianos, representada por Alcides Arrieta, insta a la CNSC a acatar el Decreto 1384 del 9 de septiembre de 2026 del presidente De La Espriella que ordena aplazar o suspender los concursos en proceso.

Arrieta destaca que el Decreto de Emergencia Económica busca preservar la igualdad material y de oportunidades para acceder al empleo público, especialmente para aquellos afectados por la calamidad, como el terremoto que golpeó a miles de familias. La Central de Trabajadores insiste en que el Decreto presidencial debe cumplirse sin dilaciones, considerando las afectaciones sufridas por los concursantes a raíz del desastre natural.

El asesor jurídico argumenta que la autorización dada a la CNSC para realizar las pruebas no solo se refiere a las condiciones logísticas, sino a todas las afectaciones directas e indirectas sufridas por los concursantes. Por lo tanto, insta a los comisionados a aplazar o suspender las pruebas para cumplir integralmente con el Decreto y respetar los derechos fundamentales y principios del Estado Social de Derecho. En caso de no hacerlo, podrían generarse consecuencias jurídicas para los comisionados.

Arrieta también destaca que la CNSC no tiene competencia para evaluar las circunstancias que llevaron a la declaración de la emergencia económica ni para desatender la autorización presidencial, ya que no le corresponde evaluar las múltiples afectaciones del terremoto.