La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, ha establecido una estrategia integral para asegurar la atención adecuada de posibles conductas delictivas durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Se ha dispuesto la presencia de ocho fiscales en Cartagena, tanto en la sede de Crespo como en unidades móviles, para colaborar con las autoridades de policía judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, la fuerza pública y representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto busca coordinar los trámites urgentes de las noticias criminales que puedan ocurrir.
Además, cinco fiscales se asignaron a Turbaco, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Simití, para responder de inmediato a alertas sobre posibles delitos electorales y facilitar la recepción de denuncias de manera oportuna.
También se contará con el apoyo de 117 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes estarán distribuidos en puestos de votación, patrullas móviles, la Unidad de Reacción Inmediata (URI), Casas de Justicia en Cartagena y las unidades locales de El Carmen de Bolívar y Magangué.
Los servidores atenderán con rapidez las irregularidades que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral, reportadas por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).
Se han habilitado diversos canales para facilitar las denuncias. Los ciudadanos pueden acudir a los 13 Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) o a los Centros de Atención de Fiscalía (CAF) en Cartagena y San Martín de Loba. También está disponible la línea gratuita 122 y la página web www.fiscalia.gov.co, en el botón “Denuncia Fácil”.
Este comunicado refleja hechos suministrados por funcionarios encargados de las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. La situación jurídica de las personas relacionadas aún está pendiente, a la espera de la resolución por la autoridad judicial competente, bajo los principios de presunción de inocencia según el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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