Gerardo del Carmen Marrugo González presentó una acción de tutela ante el Juzgado Municipal Penal de Control de Garantías, solicitando la impugnación inmediata del Acto de Adjudicación/Declaratoria de Ganadores de la Convocatoria de Estímulos “La Fiesta que nos Une 2026”. Marrugo asegura que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la honra, al buen nombre, a la libertad de expresión y al derecho a la trayectoria profesional y laboral. Esto se debe a que, según los Registros Únicos Tributarios (RUT) de la DIAN, la convocatoria fue otorgada a personas que ejercen una actividad diferente a la de los medios de comunicación, lo que supuestamente incumple con los requisitos establecidos.

Se solicita la revocación del estímulo económico asignado ilegalmente y la exclusión de los participantes que no cumplen con los requisitos, así como el reajuste de la lista de elegibles a favor de aquellos que sí cumplieron rigurosamente con el pliego de condiciones. Marrugo afirma tener una trayectoria de más de quince años en el cubrimiento de las Fiestas de Independencia, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos por la Ley, y este año se vio excluido de la convocatoria.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) asignó el código CIIU 7310 para la actividad económica de los medios de comunicación, y se alega que muchos de los ganadores de la convocatoria presentaron el RUT con una actividad económica distinta, lo que habría vulnerado los derechos fundamentales de Marrugo y otros participantes que sí cumplían con los requisitos.

Se pide una medida cautelar urgente para suspender cualquier pago a los supuestos ganadores de la convocatoria hasta que se verifique que cumplen con todos los requisitos establecidos. Además, se denuncia que no es la primera vez que se presentan irregularidades en la designación de estímulos a través de convocatorias del IPCC, y se cuestiona la transparencia en el proceso, que aparentemente habría beneficiado a personas sin la trayectoria ni el reconocimiento necesario en el medio de comunicación. La situación está en manos de los jueces de la república, ya que las autoridades distritales parecen no prestar atención a este tipo de reclamos.