En una operación que ha generado controversia y conmoción en Bogotá, maquinaria amarilla fue desplegada en la invasión conocida como “Gustavo Petro” para demoler las precarias viviendas improvisadas que albergaban a más de 300 personas.
Las autoridades argumentan que esta acción es parte de un proceso de recuperación de tierras y lucha contra la ocupación ilegal de terrenos en la ciudad. Sin embargo, la demolición de las viviendas ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y la Personería de Bogotá, que denunció la falta de previo aviso y la vulneración de los derechos de las personas afectadas.
La invasión “Gustavo Petro” surgió hace varios meses en la periferia de la ciudad y se había convertido en un asentamiento irregular donde las familias construyeron viviendas con materiales precarios. Las condiciones de vida en este lugar eran extremadamente precarias, con falta de servicios básicos y de seguridad.
La Personería de Bogotá emitió una dura denuncia tras la demolición, argumentando que se debió garantizar el debido proceso y que las personas afectadas debían ser reubicadas en condiciones dignas antes de proceder con la demolición de sus viviendas.
El alcalde de Bogotá, en su defensa, afirmó que la demolición se llevó a cabo debido a la necesidad de restablecer el orden y recuperar los terrenos invadidos ilegalmente. Sin embargo, la situación ha suscitado un debate acalorado sobre la gestión de la vivienda y la protección de los derechos de las personas más vulnerables en la ciudad.
En medio de la demolición, se registraron momentos de tensión entre las personas afectadas y las autoridades, lo que llevó a la intervención de la Policía para mantener el orden en la zona.
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