El Inspector de Policía de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia, lideró una diligencia en la que se ampararon las peticiones de Gabriel Echeverria Obregón, quien asegura ser dueño del predio de la familia Girado en Playa Blanca-Barú. A pesar de los argumentos presentados por los abogados de los nativos afros y ancestrales, el inspector ordenó la recuperación del predio, desatando un operativo que movilizó a más de 200 uniformados de la Policía Nacional, el ESMAD, Migración Colombia, Policía comunitaria, y funcionarios de varias entidades.
La actividad turística en Playa Blanca Barú se vio paralizada por más de 4 horas, con cientos de turistas obligados a permanecer en sus vehículos debido al desalojo de la familia Girado y la entrega del terreno para un megaproyecto turístico. Durante la acción, los nativos de Barú no pudieron iniciar sus actividades comerciales y la familia Girado fue sacada por la fuerza, con el uso de gases lacrimógenos y armas eléctricas.
La falta de consideración a los argumentos legales presentados por los abogados de los nativos, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento y la falta de notificación en los plazos establecidos por la ley, generó polémica en la comunidad. Los Girado han sido víctimas de hostigamiento y presiones durante más de 35 años, después de que un tercero adquiriera el predio de forma irregular y se negara a devolverlo.
El presidente Gustavo Petro y el congresista Julián Gallo han sido algunos de los pocos voceros que han manifestado su apoyo a los nativos de Barú, instando a defender sus derechos territoriales. Por otro lado, la falta de pronunciamiento de la bancada de Bolívar en el Congreso ha generado críticas, considerando que la zona insular es un importante foco de votantes para los políticos de la región.
0 Comentarios