Una organización trasnacional dedicada al lavado de activos entre 1997 y 2000 en Colombia y Panamá, ha sido impactada por la Fiscalía General de la Nación. Se impusieron medidas cautelares sobre 59 bienes valuados en más de 109.000 millones de pesos, registrados a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y personas cercanas. Estas propiedades se encuentran ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, San Jacinto del Cauca, Ayapel y La Apartada.
Los activos afectados incluyen 45 inmuebles, 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos. Los propietarios de estos bienes fueron capturados, judicializados y condenados por su participación en operaciones financieras ficticias que permitieron el traslado de grandes sumas de dinero. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará las propiedades confiscadas.
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