La Procuraduría General ha hecho un llamado ante la difícil situación humanitaria que se vive en Santa Rosa, sur de Bolívar, donde más de 5,000 personas están presuntamente confinadas en diversas áreas de la zona rural.
Las restricciones impuestas por grupos armados ilegales están dificultando la entrada y salida de la población, así como el acceso a bienes esenciales. Esta situación está afectando a los habitantes de los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista y las veredas La Marisosa y Pie de Sabana.
Los residentes se enfrentan a limitaciones en su movilidad, impidiendo el acceso a servicios médicos vitales. Además, los estudiantes llevan más de 15 días en esta situación de confinamiento debido a un paro armado proclamado por organizaciones criminales que operan en la región.
Ante este panorama, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja ha instado a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Víctimas y a las Fuerzas Militares a actuar de manera coordinada. Se solicita el reforzamiento de la presencia institucional en la zona, la activación de un plan de contingencia municipal y el despliegue de misiones humanitarias, acompañadas por el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos.
El ministerio público ha subrayado que esta situación representa una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y exige la activación de rutas de prevención, protección y atención inmediata.
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