SINTRAOFIPUCAR denuncia penalmente al alcalde de Cartagena y a funcionarios por liquidación incorrecta de cesantías

Cartagena, Colombia – En un hecho reciente, la organización sindical SINTRAOFIPUCAR presentó una denuncia penal contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, así como contra varios de sus funcionarios y exfuncionarios de la administración anterior liderada por William Dau Chamat. La denuncia se centra en la supuesta liquidación equivocada de las cesantías retroactivas para empleados en condición de encargo.

Antonio Cabarcas Marchan, presidente de SINTRAOFIPUCAR, detalló que la administración actual desestimó las demandas del sindicato, sugiriendo que procedieran por la vía legal. En respuesta a esta situación, el abogado Alcides Arrieta Meza ha asumido la defensa de los trabajadores de la planta Central de la Alcaldía, quienes han sido afectados por esta problemática desde el año 2019.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la Nación y ha solicitado la apertura de una investigación penal por presuntos delitos de prevaricato, tanto por acción como por omisión, atribuibles a Turbay Paz, a Milton Pereira Blanco, jefe de jurídica, y a María Eugenia García Montes y Yira Tatiana Morales Castro, exdirectora y directora de Talento Humano, respectivamente. Según el sindicato, estos funcionarios adoptaron un concepto erróneo sobre el régimen de liquidación de cesantías retroactivas proveniente del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que ha perjudicado a los trabajadores en condición de encargo.

Desde octubre de 2024, el sindicato ha intentado, sin éxito, que la administración revisara esta situación para restablecer los derechos de los empleados, quienes han visto recortadas sus retribuciones al no considerar su nuevo salario en la liquidación de cesantías.

A raíz de la actitud considerada por el sindicato como arrogante por parte de la administración, se otorgó poder al abogado Arrieta Meza para representar a SINTRAOFIPUCAR y a afectados por las decisiones de los funcionarios mencionados. El sindicato espera que la investigación proteja los derechos de los trabajadores y se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de esta presunta infracción legal.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de Bolívar ha fallado a favor de varios servidores públicos, reconociendo la vulneración de sus derechos laborales.