La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026 para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el sur de Bolívar, debido a la contaminación de la zona con minas antipersonal, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados y el uso de drones para lanzar explosivos. Estas situaciones han generado afectaciones significativas a bienes y personas civiles.

Según la entidad, la confrontación entre grupos armados ilegales que compiten por el control del corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca ha incrementado los riesgos para la población civil de la región. En particular, se señala la participación del Clan del Golfo, del ELN y de grupos disidentes de las extintas FARC, lo cual eleva la probabilidad de enfrentamientos y represalias contra la comunidad.

La Alerta Temprana también destaca un endurecimiento del control social por parte de estos actores armados, incluyendo la instrumentalización de Juntas de Acción Comunal, estigmatización y amenazas a liderazgos comunitarios y servidores públicos, así como la imposición de reglas de conducta bajo presión.

Se ha identificado un riesgo crítico para niñas, niños y adolescentes, quienes están expuestos al reclutamiento y a violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual. Este contexto limita la activación efectiva de rutas institucionales debido al clima de temor.

Además, el impacto sobre la educación rural es significativo, dado que amenazas han causado desplazamientos de docentes e interrupciones en el servicio educativo en las áreas de Norosí y Montecristo.

La Defensoría del Pueblo ha formulado 18 recomendaciones a las autoridades nacionales y territoriales para una respuesta rápida, coordinada y enfocada en la seguridad humana. Urge la convocatoria de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas-CIPRAT del Ministerio del Interior.

Asimismo, se solicita reforzar las medidas de protección y control territorial en cabeceras municipales y corredores rurales, así como implementar acciones tecnológicas para prevenir ataques con drones. Se considera esencial fortalecer los subcomités de prevención y protección, adoptar medidas específicas para resguardar a la infancia y llevar a cabo acciones urgentes de demarcación y educación sobre el riesgo de minas antipersonal, priorizando la atención y asistencia humanitaria a las víctimas.