Lewis Caraballo Torres, Delsy Selene Sánchez Camargo y Claudia Patricia Valdés Bohórquez, exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, han sido condenados por un juez de conocimiento en esta capital. Esta condena está relacionada con un esquema que, al parecer, impactó negativamente las finanzas de una entidad de la administración distrital.

De acuerdo con las pruebas proporcionadas por la Fiscalía, los exservidores habrían utilizado su condición de funcionarios en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos para participar en actos de corrupción.

La sentencia se basa en hechos que se habrían llevado a cabo entre 2009 y 2010, cuando la empresa de transporte público de Cartagena estableció varios contratos para la adquisición de predios con la finalidad de adecuar vías y construir paraderos.

Se descubrió que dos particulares y una empresa privada realizaron aclaraciones de linderos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos antes de formalizar las mencionadas ventas. Este proceso provocó un incremento en el área de los predios y su respectivo avalúo.

Dichos trámites fueron aprobados por los sentenciados sin la documentación adecuada, incluyendo el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue ignorado en el proceso.

Cada uno de los tres condenados ha recibido una pena de seis años de prisión por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.