El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cartagena anuló la impugnación presentada por la Inspectora de Policía de Pasacaballos y la secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, respecto al fallo de tutela emitido por el Juez Quinto Laboral Municipal de Cartagena, que protegía los derechos de dos menores cuya madre estaba en peligro de desalojo. La Inspección de Policía había ordenado el desalojo de la madre, sin considerar el bienestar de las menores, lo cual fue considerado una vulneración de sus derechos constitucionales. La acción de tutela fue promovida por Saili Daniela Fernández Pérez en nombre propio y en representación de sus dos hermanas menores, cuyo padre y abuela reclamaban la propiedad del lugar donde vivían. El Juzgado determinó que la omisión de la Inspectora de Policía fue grave, al exponer a las menores a una situación de desprotección e incertidumbre habitacional. El fallo del Juzgado Quinto Laboral Municipal fue confirmado por el Juez Once Laboral del Circuito de Cartagena en agosto de 2026, y se ordenó notificar a las partes y enviar el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.
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