La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha declarado que la obligación de afiliar a los trabajadores de entidades y corporaciones del Estado a la administradora de riesgos laborales -ARL- de carácter público Positiva Compañía de Seguros S.A., contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (Ley 2294 art. 97), es inconstitucional.
En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefa del Ministerio Público argumentó que esta norma no se ajusta a la Constitución, ya que vulnera el principio de unidad de materia al no tener relación con los artículos que conforman el Plan Nacional de Desarrollo. Además, la norma desconoce la jurisprudencia que establece que las leyes ordinarias de seguridad social no pueden modificarse a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
La Procuradora General también señaló que no se ha presentado una justificación suficiente en los debates parlamentarios respecto a la necesidad de esta medida para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Según Cabello Blanco, la modificación propuesta por el legislador debió abordarse mediante una ley ordinaria para un debate más abierto y democrático.
Asimismo, la Procuradora indicó que la norma en cuestión va en contra del precedente constitucional que permite al legislador establecer tratos preferenciales en la contratación con instituciones del Estado para favorecer a las aseguradoras de riesgos profesionales públicas, siempre y cuando no anule las libertades económicas o viole el principio de igualdad excluyendo a las aseguradoras privadas.
“En consecuencia, no parece razonable que, a través de una norma del Plan Nacional de Desarrollo, se pretenda eliminar del mercado la competencia entre los agentes existentes en el sector, por medio de la exclusión de las aseguradoras privadas de riesgos laborales”, puntualizó la Procuradora General en su concepto.
Esta declaración de la Procuradora plantea un debate legal significativo sobre la constitucionalidad de la afiliación obligatoria a ARL Positiva según el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ser considerado por la Corte Constitucional en los próximos meses.
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