En la noche del 3 de septiembre de 1995, Giacomo Turra, un joven de 24 años que visitaba Cartagena, se refugió en el patio del restaurante Mee Wah. Posteriormente, fue trasladado a la estación de Policía de Bocagrande, donde fue víctima de maltrato por parte de los uniformados, quienes lo golpearon y lo dejaron caer y rodar por el suelo. A las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, su cuerpo sin vida fue abandonado en el hospital, presentando múltiples golpes en la cara, laceraciones y heridas en el mentón, tórax y abdomen.
Veintiocho años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de Giacomo Turra. En el informe de fondo emitido en abril pasado, la CIDH encontró violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y la salud del joven y de sus familiares.
La investigación del homicidio se llevó a cabo de manera descoordinada entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar, sin avanzar adecuadamente. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), representante del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, espera que el Estado cumpla con las recomendaciones de la CIDH, incluyendo garantizar que el fuero militar solo se utilice para juzgar a militares activos por delitos militares, así como reparar todas las violaciones de derechos humanos identificadas.
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