El veedor ciudadano de Transparencia Estatal, David López Romero, cuestiona si el Fiscal y el Juez de Garantías prevaricaron en el caso de los exfuncionarios Jorge Carrillo Padrón y Analicia Martelo del Rio, quienes se apropiaron de más de $20 mil millones en un delito de peculado por apropiación agravado. La veeduría ciudadana pidió al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que el Distrito se declare víctima en el proceso, ya que los fondos desviados no llegaron a las cuentas de Tesorería, sino a cuentas particulares.

López Romero criticó el preacuerdo realizado, ya que no incluyó la devolución de al menos el 50% de los recursos apropiados, ni especificó cómo se devolverían los $10 mil millones restantes. Según el veedor, se trata de uno de los escándalos más grandes en Cartagena en la última década, donde los implicados esperan evitar una condena mediante maniobras dilatorias. Se señaló que los preacuerdos son válidos en el proceso penal colombiano, pero deben cumplir ciertos requisitos, como la devolución de parte de los fondos apropiados y un plan de repago.

López Romero hizo referencia a la normativa vigente que establece que en casos donde el acusado ha obtenido un enriquecimiento ilícito, no se puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía hasta que se devuelva al menos el 50% de lo apropiado. La veeduría estará vigilante durante el proceso para garantizar que no se dilate ni se negocie de manera indebida. Se recordó al alcalde que la víctima, en este caso el Distrito de Cartagena, tiene derecho a intervenir en acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el acusado, según una sentencia de la Corte Constitucional.

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