Con el objetivo de resolver deudas pendientes con las víctimas del conflicto armado, la Unidad de Restitución de Tierras, a través de la Dirección Territorial Bolívar-Sucre, ha iniciado un ambicioso proceso de revisión de actos administrativos.

Este proceso busca anular aproximadamente 200 decisiones anteriores que obstaculizaron el derecho a la restitución, permitiendo así que más familias campesinas y étnicas puedan recuperar sus tierras.

La revisión implica una verificación jurídica, social y catastral de cada expediente, con el fin de asegurar que las decisiones se ajusten a las normativas y estándares probatorios actuales. Esto permitirá emitir conceptos favorables que brinden justicia y una reparación integral que no fue posible en el pasado.

La entidad ha declarado que “una vez completado este proceso y revocadas las decisiones administrativas pertinentes, los casos serán oficialmente incorporados a la gestión institucional”.

Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, enfatizó que la prioridad es intensificar el trabajo con las comunidades y avanzar en la reversión de los efectos del despojo perpetrado por actores armados, económicos e institucionales. “Con estas acciones, la Unidad busca recuperar la confianza de las familias y establecerse como su principal aliada en la garantía de sus derechos”, comentó el funcionario.

Uno de los primeros casos que está siendo revisado para avanzar en la revocatoria del acto administrativo es el de la familia Godoy, que forma parte del caso emblemático de La Camaronera. Este caso, tras una evaluación detallada por parte del equipo jurídico, ha sido inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que facilitará posteriormente la presentación de la demanda ante los juzgados especializados.

Con esta iniciativa, la Unidad busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la calidad de sus decisiones administrativas y asegurar que las víctimas del conflicto armado tengan acceso efectivo a los mecanismos de reparación delineados por la ley, señala el director Flórez.