En un movimiento que ha generado controversia en la región, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha interpuesto una demanda de control de nulidad simple contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) ante el Consejo de Estado. La demanda, presentada hoy, busca anular la resolución que establece el cobro de valorización para la Vía del Mar, que conecta Cartagena y Barranquilla.
Hace poco más de un mes, Invías emitió una resolución que aplica el cobro de valorización en la vía Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, afectando cerca de 240 mil predios en las áreas de influencia de las inversiones realizadas en las vías 4G. Este cobro, ratificado el 16 de julio por la ministra de Transporte, María Constanza García, ha generado fuerte oposición en la región, con Camacol Bolívar y la regional Atlántico de Camacol también presentando demandas contra esta medida.
La demanda de Turbay argumenta que la resolución del Invías no es objetiva y contraviene el marco jurídico de este tipo de tributos, afirmando que fue expedida infringiendo normas, decretos y leyes vigentes. Según el alcalde, el cobro vulnera el principio de irretroactividad del tributo, dado que la mayoría del proyecto vial se estructuró y entró en operación antes de la vigencia de la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 249.
Además, Turbay sostiene que el proyecto no cuenta con avalúos actualizados ni con la información completa necesaria para determinar con certeza el beneficio producido por el cobro a la zona de influencia. La demanda también señala que no se realizó un censo inmobiliario, como lo requiere el artículo 248 de la Ley 1819 de 2016 para distribuir la Contribución Nacional de Valorización.
El alcalde critica que elementos esenciales del tributo, como la zona de influencia y el método de distribución, fueron definidos por una consultoría privada (Unión Temporal Montaña & Borrero 2019) sin intervención directa del Invías. Según Turbay, esto convierte al proyecto en subjetivo e incierto, ya que se basó en información catastral y predial desactualizada.
Turbay ha pedido al Consejo de Estado que declare la nulidad del acto administrativo, argumentando que la resolución está viciada por la falta de correspondencia entre los motivos expresados por la autoridad administrativa y la realidad de los hechos o el derecho aplicable. El alcalde insiste en que la justificación del cobro no tiene fundamento en la normatividad vigente, y por lo tanto, debe ser anulada.
Esta demanda se suma a las crecientes tensiones en la región sobre el manejo y financiamiento de las infraestructuras viales, poniendo en el centro del debate la transparencia y legalidad de las acciones gubernamentales.
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