Denuncia contra Aguas de Cartagena por presuntos delitos en gestión de recursos

El 2 de junio de 2026, Abelardo Meza Herazo, veedor ciudadano y director ejecutivo de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia solicita la investigación de la empresa Aguas de Cartagena ESP S.A, consorcio ACUACAR, por la posible comisión de delitos como falsedad ideológica, falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado.

El objetivo de esta denuncia es identificar a los presuntos responsables dentro de la empresa por la gestión del Nuevo Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena. Según la acusación, Aguas de Cartagena ha utilizado recursos de un convenio de Cooperación Internacional, presentando falsamente esas inversiones como parte de sus propios fondos.

En 2015, mediante el Otrosí No. 3 del contrato GISAA, Aguas de Cartagena se comprometió a realizar inversiones por un monto de hasta 250 mil millones de pesos en obras prioritarias. Sin embargo, se alega que los informes entregados al Distrito justifican ingresos como inversiones propias, cuando en realidad varias de esas obras fueron financiadas por un Convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La denuncia también sostiene que alrededor de 15 mil millones de pesos aportados por el Distrito han sido contabilizados como una inversión de la concesionaria, aunque estos recursos no correspondían a un capital invertido directamente por Aguas de Cartagena.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia hace referencia a un supuesto “maquillaje” de cifras en los informes del año fiscal 2023, donde se presentarían como inversiones exclusivas de Aguas de Cartagena obras que fueron financiadas con recursos del convenio internacional. La acusación se respalda con documentos, contratos y reportes de interventoría.

Se solicita una auditoría forense y que se clarifique el uso de los recursos, así como la razonabilidad de no haber culminado proyectos de acueducto en la isla de Tierrabomba, por los cuales ya se había previsto una inversión de 42 mil millones de pesos.

La Fiscalía se encargará de evaluar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal y determinar eventuales responsabilidades en esta situación.