La Procuraduría General de la Nación, representada por Margarita Cabello, ha señalado graves retrasos en múltiples obras que se están llevando a cabo con recursos de regalías en Cartagena y Bolívar. Estos proyectos, con un valor total de $301.434 millones, abarcan una variedad de sectores como vías, redes de acueducto, escenarios deportivos y programas sociales.

Durante su visita a Cartagena, la Procuradora expresó su preocupación por la lentitud en la ejecución de estas obras, a pesar de la rápida entrega de los recursos financieros. Se ha identificado que, en la mayoría de los proyectos, hay un desfase entre el avance de la obra y la entrega de los fondos necesarios para su ejecución.

Entre los siete proyectos bajo la lupa de la Procuraduría se encuentran:

  1. Vía Policarpa – Arroz Barato: Valorado en $9.759 millones, este proyecto de pavimentación ha enfrentado suspensiones debido a falencias en el diseño.
  2. Redes de acueducto en De La Virgen y Turística: Con un costo de $9.690 millones, se han encontrado presuntas inconsistencias en este proyecto destinado a mejorar el acceso al agua potable en el corregimiento de Arroyo de Las Canoas.
  3. Vía Hatillo de Loba – Margarita: Este proyecto, valuado en $168.200 millones, presenta importantes retrasos y problemas de cumplimiento en los estudios técnicos y los permisos ambientales.
  4. Unidad Deportiva en Mompox: Con un costo de $11.721 millones, se han identificado fallas en los estudios y diseños, resultando en una adición presupuestal y un retraso en la construcción.
  5. Coliseo de Ferias de Arjona: Valorado en $19.080 millones, este proyecto enfrenta un retraso significativo en su ejecución, además de problemas estructurales que han aumentado su costo.
  6. Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bolívar: Con un valor de $69.471 millones, se desconoce si se ha garantizado la continuidad del servicio para los estudiantes.
  7. Fortalecimiento a productores en el sur de Bolívar: Con un costo de $13.457 millones, este proyecto presenta un avance físico desigual con su ejecución financiera, lo que plantea preocupaciones sobre su viabilidad.

Ante esta situación, la Procuraduría ha instado a las autoridades responsables a acelerar el ritmo de ejecución y cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. De lo contrario, advierten que podrían tomar medidas disciplinarias para garantizar el avance de estas importantes obras para la región.

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